Un alto directivo de BPA respondió a las defensas que fue chantajeado por policías que decían actuar en nombre del “Estado español”
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Autor: Antonio Fernández
Publicat el: 10 de març de 2026
La familia Pujol pidió en 2010 a la entidad bancaria andorrana Andbank, donde todos sus miembros tenían cuenta abierta, que destruyese documentación relacionada con sus depósitos. Así lo manifestó este martes el expresidente no ejecutivo del consejo de Andbank, Manel Cerqueda. “Yo me enteré de que los miembros de la familia tenían cuenta con nosotros cuando en 2010 nos pidieron que se destruyera parte de la documentación de sus cuentas. Por ese motivo, les animamos a cambiar de entidad y estuvimos encantados de que se fueran y les dimos todas las facilidades para que cambiasen de entidad. Les animamos a que se fueran lo más rápidamente posible”, aseguró el directivo bancario.
Ese fue el motivo de que la familia en pleno (entonces aún tenían cuenta en Andorra todos los hermanos excepto Oriol Pujol Ferrusola), así como Marta Ferrusola, cambiasen sus cuentas a Banca Privada de Andorra (BPA). En esta entidad solo tenía cuenta Josep Pujol. “Josep era cliente de la entidad y en alguna ocasión me comentó que sus hermanos querían cambiar de banco. Y como él me aseguró que trabajaba muy a gusto con nosotros, sospecho que también lo comentaría a su familia y eso sería uno de los motivos por los que cambiaron la cuenta a nuestra entidad”, manifestó Joan Pau Miquel, CEO de BPA.
Esta última entidad fue la que proveyó a la familia Pujol de una estructura opaca que terminó con la creación de varias fundaciones en el paraíso fiscal de Panamá y de sociedades en Belice para ocultar el dinero. Cristina Lozano, exdirectora general adjunta de BPA aseguró que en el 2010 se produjeron filtraciones de nombres de clientes bancarios en algunas entidades de Suiza y eso alarmó a los Pujol.
La directiva de BPA reconoció que uno de los que mostraron su preocupación fue Jordi Pujol Ferrusola, por el temor a que se descubriese que la familia tenía cuentas secretas en un paraíso fiscal. “La preocupación venía por si algún empleado desleal filtraba los nombres de los clientes, por lo que desarrollamos una propuesta para mantener la confidencialidad interna en el banco. A Jordi Pujol se le ofreció la misma solución que a los otros clientes”, dijo Lozano.
Una estructura opaca
De ese modo, se les ofreció la posibilidad de poner sus fondos bajo la tutela de una fundación creada en el paraíso fiscal de Panamá. “Ante consultas internas, su nombre no aparecería nunca mientras que los fondos estaban totalmente controlados. Cualquier persona que accediese a los listados del banco no sabría quién estaba detrás de la fundación. Lo único que se necesitaba para crear la fundación era una sociedad que actuase como consejo fundacional y ahí entraba en escena la sociedad de Belice”, explicó la directiva bancaria.
El verdadero titular de los fondos, pues, sólo era conocido por el gestor directo bancario, y por un número restringido de altos directivos del banco, asegurándose de que, aunque se consiguiese la base de datos de los clientes, el nombre real de los beneficiarios no apareciese por ningún lado. “Estas estructuras tenían el objetivo de optimizar la fiscalidad y las herencias, pero en ningún caso eran un instrumento de ocultación o falta de trazabilidad. El incorporar una fundación o estructura añadía un grado de protección para la identificación del cliente”, admitió el exCEO Joan Pau Miquel.
La comparecencia de los altos cargos bancarios, no obstante, fue aprovechada por las defensas para introducir de nuevo la politización del origen de las investigaciones. Así, Miquel (que fue condenado el año pasado por blanqueo de capitales) fue la punta de lanza de la escuadra de abogados defensores. El exCEO de BPA aseguró durante el interrogatorio que fue chantajeado por “el Estado español” para que facilitase documentación sobre posibles cuentas secretas de las familias de Jordi Pujol, de Artur Mas y de Oriol Junqueras en el paraíso fiscal andorrano.
En varias ocasiones se refirió a que los policías siempre dejaron claro que actuaban en nombre del Gobierno central o del Estado. Pero, a preguntas del fiscal, no obstante, reconoció que en ningún momento denunció coacciones o presiones ante alguna autoridad judicial, ante la fiscalía, ante la Policía o ante cualquier estamento. “No. no es habitual que te notes presionado por un Estado tan poderoso como el español. Al final, lo denunciamos en 2016”. Las presiones se produjeron en junio del 2014.
“El banco morirá”
El alto cargo bancario aseguró que, en junio de 2014, el agregado de seguridad de la Embajada de España en Andorra y el que le sustituiría se pusieron en contacto con él. “Bonifacio Díaz [entonces agregado] contactó con la secretaria del consejo de administración y le trasladó varios mensajes para mí y para el presidente del banco [Higini Cierco]. Ese mismo día, Celestino Barroso [también alto cargo policial] se vio con el señor Cierco. A los 10 minutos, lo tenía en mi despacho. Yo grabé la conversación porque Cierco me dijo que a él le decía cosas muy extrañas, anómalas”.
En esa conversación, según Miquel, le comentó que, si no colaboraba con el Estado español, “el banco moriría, porque tenían influencia en el Sepblac y unos americanos se harían cargo del banco después de que le hubieran dado un hachazo”. Además, le concertaron una cita en el hotel Villamagna de Madrid con un tal Félix, del que luego supo que su verdadero nombre era Marcelino Martín Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
“Martín Blas, de forma ejecutiva, me hizo leer un papel que decía que el Gobierno estaba en guerra con el nacionalismo y que querían cuentas de las familias Mas, Junqueras y Pujol. Para coaccionarme, me dijo que intervendría el Sepblac, que llevaba meses realizando una inspección en BPA que estaba a punto de terminar. Y me dijo que intervendría también la Embajada de Estados Unidos, que eran muy amigos suyos y que estaban colaborando con ellos. Yo debía entregar documentación y ratificar información que se estaba obteniendo de autoridades andorranas, pero le dije que no tenía constancia de esas cuentas”.
Martín Blas, el comisario
En un segundo encuentro con Martín Blas, según el directivo del BPA “fue más violento verbalmente y me dijo que si no hacíamos caso, el banco sufriría las consecuencias y lo veríamos a través del Sepblac. Pero yo no le quería facilitar nada”. Poco tiempo después, admitió, entregó una información a Martín Blas. “Valoré que me parecía inocua para nosotros y que podía ser relevante para él. Eran unas cuartillas con información de posibles operaciones vinculadas al nacionalismo catalán que revelaban escenarios de corrupción. Era como recopilar unas transferencias de 2010 entre Andbank y BPA”.
El directivo acusó también a la policía española de haber entrado el 10 de marzo de 2015 (el día en que se produjo la intervención de BPA) en las dependencias del banco “sin orden judicial”, aunque luego aclaró que, aunque llegaron al banco por la mañana, la orden judicial “no llegó hasta las 3 de la tarde”.