En el año 2010, la familia Pujol pidió sin éxito a la entidad bancaria Andbank que destruyera documentación relacionada con las cuentas donde el clan tenía su fortuna oculta.
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Autor: Javier Corbacho
Publicat el: 10 de març de 2026
Y ello motivó que el banco andorrano invitara a los Pujol desvincularse de él “lo más rápido posible”. Así lo ha explicado este martes Manel Cerqueda, presidente de la entidad, en la Audiencia Nacional.
Como testigo, obligado a decir la verdad, Cerqueda ha declarado acerca del dinero que la familia del expresidente catalán Jordi Pujol tuvo en su banco.
Esos fondos fueron, posteriormente, trasladados al BPA (Banca Privada de Andorra), entidad que fue intervenida en 2015 por las sospechas de que facilitaba el blanqueo de capitales.
“Estuvimos encantados de que se fueran y les dimos todas las facilidades posibles para que se marcharan, de que dejaran de ser clientes de la entidad”, ha añadido el testigo, acerca de su respuesta a la petición de los Pujol de que se destruyera documentación sensible.
¿A qué respondía la solicitud de la familia? Cristina Lozano, exdirectiva del BPA, ha relatado este martes que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan y quien gestionaba los fondos de la familia en Andorra, también transmitió al banco su “preocupación” por que algún empleado filtrara información.
Aquello habría ocurrido, según su relato, debido a la publicación de la llamada Lista Falciani.
‘Policía patriótica’
Este martes, vigesimasegunda jornada del juicio, también ha declarado como testigo Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA. Como ya declarase en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, ha culpado a la llamada Policía patriótica de provocar la resolución de su banco.
Habría ocurrido, según su relato, como parte de la llamada Operación Cataluña, tendente, entre otros extremos, a obtener información bancaria de los Pujols y del expresidente Artur Mas mientras Mariano Rajoy gobernaba España.
De hecho, Joan Pau Miquel, junto al expropietario del BPA, Higini Cierco, presentó una querella ante la Justicia andorrana contra Rajoy, entre otros, por las supuestas coacciones de la llamada Policía patriótica.
Según ha narrado ante el tribunal, el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, le dijo que “el Estado español estaba en guerra con Cataluña y quería información” contra la familia Pujol, el entorno de Artur Mas y de Oriol Junqueras.
Joan Pau Miquel también ha señalado que el agregado del Ministerio del Interior de la Embajada española en Andorra, Celestino Barroso, se habría reunido con él para amenazarle con su influencia sobre el servicio de Antiblanqueo.
De acuerdo con su relato, el mando policial le dijo que, si no entregaba información comprometedora, el banco BPA recibiría un “hachazo” y acabaría en manos americanas. La entidad, finalmente, fue clausurada en 2015 por sospechas de blanqueo de capitales.
Finalmente, este martes, ha declarado en la Audiencia Nacional un inspector de Policía, miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y uno de los encargados de registrar la vivienda de Jordi Pujol i Soley.
Y ha asegurado que, tras inspeccionar la vivienda y hallar el testamento de los padres del dirigente, en él no halló ninguna mención a Andorra u otros países extranjeros.
La tesis que defienden los Pujol es que su extensa fortuna se deriva de la herencia que dejó el padre del expresident, lejos de provenir del cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.