Dura condena en la primera sentencia de Banca Privada d’Andorra, con hasta 7 años de cárcel

El Tribunal de Corts de Andorra condena a 18 de los 24 acusados e impone multas de 30 millones

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Autor: Ignacio Orovio

Publicat el: 15 de Juliol de 2025

Diez años después, primera –y dura- sentencia por la liquidación de Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad en la que se descubrió en julio de 2014 que tenía fondos la familia Pujol.

El Tribunal de Corts del país pirenaico ha condenado este martes a penas de entre tres y siete años de prisión firme o condicional a 18 de los 24 acusados en el primer macroproceso de BPA. También impone multas de 15.000 a 30 millones de euros.

En este procedimiento se juzgaba si los directivos del banco y gestores de cuentas crearon una estructura para el blanqueo de capitales al servicio del empresario chino Gao Ping, con el agravante de habitualidad.

La defensa sostenía que no hubo siquiera delito y pedía la absolución.

El consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, ha sido condenado a siete años de prisión y una multa de 30 millones de euros. El ex director, Santiago de Rosselló, ha recibido una pena de seis años y multa de 12 millones.

La sentencia tiene 6.180 folios y ha sido notificada este mediodía en el Tribunal de Corts de Andorra. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Andorra. Fuentes cercanas a Miquel han explicado a La Vanguardia que recurrirán el fallo. 

La liquidación de BPA y su filial española tuvo un enorme efecto político. En julio de 2014, y tras publicar un periódico de Madrid la imagen de una pantalla de ordenador que revelaba que la familia Pujol tenía dinero en Andorra, el ex presidente de la Generalitat se vio obligado a admitir que así era, pero que se debía a una “deixa” herededa de su padre, Florenci Pujol.

La investigación posterior sobre los fondos de los Pujol en aquel país llegará a juicio en Madrid en Noviembre.

En marzo de 2015 el FinCen, el organismo creado en Estados Unidos después de los atentados del 11-S para combatir la financiación del terrorismo, dictó una orden que prohibía a BPA operar en dólares, lo que a la práctica suponía el cierre del banco. Uno de los casos en los que se basó dicha orden fue el de Gao Ping, que también ha tenido investigación en España; desde febrero de 2022 está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional.

La teoría del banco para explicar la orden del FinCen es que su negativa a entregar a la policía española información sobre hipotéticas cuentas bancarias de líderes independentistas en aquella entidad habría provocado la venganza de la policía española, revelando a las autoridades americanas cuentas sospechosas de cuatro mafias o bandas criminales, aunque la de Gao Ping se inició en 2012, con el procés aún muy embrionario. Las otras tres eran de Venezuela, del cartel de Sinaloa mexicano y de Rusia. De las dos últimas no hubo ni rastro, policial o judicial, en Andorra. El supuesto expolio de la compañía petrolera de Venezuela está en instrucción.

La fiscalía andorrana acusaba a los directivos del banco de haber blanqueado entre los años 2008 y 2011 alrededor de 70 millones de euros y de haber empleado esa estructura de manera repetida y sistemática, aunque durante el procedimiento desistió de calificarla como organización criminal.

Por ello, pedía un total de 141 años de cárcel para los 24 acusados. Ocho para Miquel y también para De Rosselló, así como siete años para otros tres procesados y seis años para doce del resto de acusados.

Los encausados eran inicialmente 25, pero el consejero independiente del banco Luis Cesar Jayme Garcia-Salcedo falleció durante el procedimiento.

El ministerio público pedía asimismo sanciones económicas que suman 832 millones de euros. La que pedía para el consejero delegado es de 100 millones; para once directivos pedía 70.

El juicio comenzó el 15 de enero de 2018 con el debate de las cuestiones previas. La vista oral no se inició hasta el 14 de junio de 2021 y el 8 de noviembre de 2023 quedó visto para sentencia. Ésta debía dictarse casi un año más tarde, el 31 de octubre de 2024, pero se pospuso hasta este 15 de julio. 

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